Es muy comprometida la situación del concesionario Néstor Otero, a raíz de su vínculo con Ricardo Jaime. Irregularidades en el trámite de la adjudicación, en la que también intervino el ex intendente Daniel Katz.
Publicado: 05.06.2010 16:39 MDPHOY.COM
En la actualidad, el concesionario sigue percibiendo de las empresas de ómnibus de larga distancia, la recaudación en concepto de atraque o toque de dársena, como el producido por los alquileres de comercios del lugar y la explotación gastronómica, es decir maneja todos los ingresos económicos que se producen en la terminal, que se inauguró precariamente antes del inicio de la temporada 2009/10, en medio de un escándalo de proporciones. También se ha podido observar, que se han abandonado los trabajos, que debieron continuar según el cronograma de obra en Luro y San Juan.
Néstor Otero también admitió públicamente, que forma parte de la sociedad que integra junto a Florencio Aldrey Iglesias, y que aspira a explotar el edificio donde funcionaba la vieja terminal en Alberti y Las Heras. La situación de Otero ante la justicia, tendría que dejar al margen de la futura concesión a la sociedad, cuya propuesta está bajo análisis de las respectivas comisiones que determinarán cuál será seleccionada en el sistema conocido como de iniciativas privadas.
Según el diario La Nación: “La situación procesal de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, sumó ayer una nueva complicación, a partir de una denuncia que cuestiona la licitación y ejecución de obras de dos terminales de trenes y colectivos, en las que participó el empresario Néstor Otero, dueño de la empresa Terminal de Buenos Aires (TEBA).
En la causa contra Jaime por presuntos beneficios irregulares a TEBA, que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó ampliar la investigación a las concesiones de la Terminal Multimodal de Pasajeros Ferroautomotor de Mar del Plata y la Terminal de Omnibus de Bahía Blanca.
De acuerdo con una denuncia presentada por legisladores y dirigentes de la Coalición Cívica, encabezados por el diputado Juan Carlos Morán, la concesión marplatense se habría otorgado sin la participación de la provincia de Buenos Aires y a través de una resolución del Ministerio de Planificación Federal y no por decreto, como establece la ley.
Asimismo, los denunciantes vincularon al empresario Otero con Hersa SA, beneficiaria de la construcción del parque operativo de la estación, valuado en 103 millones de pesos.
Cabe recordar que Otero es investigado por el juez federal Norberto Oyarbide en otra causa que se le sigue a Jaime por supuesto enriquecimiento ilícito. El empresario está sospechado de ser quien pagaba el alquiler del departamento de Av. del Libertador al 600, que ocupaba Jaime, quien a su vez tenía por fiadores a directivos de TEBA.
La denuncia de Morán sumaría nuevas evidencias a la existencia de una relación inconveniente entre el ex funcionario y el empresario al que debía controlar, Otero, quien también fue uno de los aportantes más importantes de la campaña electoral de Cristina Kirchner.
El segundo tramo del pedido de información del fiscal Pollicita apunta a la terminal San Francisco de Asís, de Bahía Blanca. De acuerdo con los denunciantes, su remodelación podría haber sido direccionada a una empresa relacionada con el ministro de Planificación, Julio De Vido, por un valor de $ 9 millones superior al presupuesto original.
La concesión, por su parte, fue dada por decreto a TEBA, pese a que una comisión evaluadora había propuesto rechazarla, sobre la base de informes de la Auditoría General de la Nación, .
El fiscal también pidió a Ercolini la formación de un incidente de medida cautelar, en virtud de que los denunciantes solicitaron por esa vía la intervención judicial de las estaciones de Retiro y Mar del Plata, así como el freno de la adjudicación de Bahía Blanca.
Fuentes judiciales relataron a La Nacion que el mes pasado, cuando se hicieron públicas las sospechas sobre sus negocios con el Estado, Otero fue al destacamento policial que funciona en Retiro y radicó allí una autodenuncia: pidió que la Justicia lo investigara. El fiscal al que le tocó el caso fue terminante: archivó la denuncia y dijo que no iba a darle el “certificado de inocencia” que Otero pretendía”.
CONTINUARA...
